EVITEMOS UNA SOMBRA DE CORRUPCION

LA NECESIDAD DE TRANSPARENCIA Y GARANTÍA DEL DERECHO

Cuando a un país le interesa preservar determinadas zonas geográficas por su importancia cultural, ecológica, etc no siempre se está en condiciones de declarar un Parque Nacional, Provincial o Municipal. Suelen sancionarse entonces, leyes que garanticen aún a costa de posibles propietarios privados, que las mismas permanezcan inalterables o inalterable el ecosistema.-
Esto último significa, palabras más palabras menos, que no se altere el nivel de sonoridad, de presión poblacional, introducción de especies que pueden ser dañinas, o de basura y residuos, etc existentes al momento de decidirse su preservación.-
Una vez hecho esto, le compete a los propios organismos del estado responsables en cada área, la fiscalización y garantía de que todo ello (lo previsto) no se altere. En el caso concreto del ecosistema a las Secretarías o Direcciones competentes, como así a cada sector involucrado.-
Vivimos en nuestro medio, la gran preocupación justamente por el probable avasallamiento de uno de estos recursos contemplados y a la vera del rio Limay como lo son Valle Encantado y Anfiteatro, claramente zonas de transición previa al Parque. Generalmente y ésta no es claramente la excepción, producida por la ambición del dinero a través de una explotación inmobiliaria que por ejemplo y para ser más gráfico, pretende cambiar la posibilidad existente, legal y autorizada (con anterioridad incluso a la compra de ese mismo predio) de lotear en fracciones de mil metros cuadrados por otras de trescientos metros ¿se entiende? Obviamente, en este caso se trata de hectáreas autorizadas para cultivo o explotación pecuaria por otras mucho más chicas, de carácter cerrado vaya a saber por qué, pero que esconden el enorme riesgo de destinarse a la explotación turística. Detrás de estas diferencias, se habla de varios millones de dólares que es la única diferencia que le importa a los propietarios obviamente. Propietarios que, reitero, conocían de la imposibilidad con antemano a la adquisición misma y podrían estar especulando con la visión gubernamental de unidad productiva del alto, medio y valle inferior, que nada tiene que ver con nuestra zona.-
De autorizarse lo conocido, el daño al medio ambiente tendría plazo fijo por todo lo que significa el turismo tal y como lo conocemos ya que no podríamos permitir sólo el ingreso de buenos sajones amantes de las normas, pero el daño a la confianza y garantía de vigencia de las leyes en el país también.-
El Estado, representado por sus funcionarios circunstanciales aún no habiendo sido elegidos, en nombre de todos los habitantes y en defensa del patrimonio común a todos ellos, debe actuar clara y transparentemente en defensa de normas y leyes que con visión de futuro, fueron sancionadas pensando en nosotros y nuestros nietos.-
En esta circunstancia llama la atención entonces que el Director de tierras de la provincia, esgrima en defensa de su actuación que al tratarse de tierras privadas poseería cierta imposibilidad de actuación olvidando la necesidad de hacer respetar las leyes y reaccione indignado ante las suposiciones esgrimidas por diferentes instituciones que no ven claro, la continuidad manifiesta del proyecto.-
Mientras tanto y para conocer realmente lo que ocurre, nadie puede tener acceso al expediente público donde se detalla el proyecto y uno legítimamente se pregunta entonces ¿por qué? ¿No se tiene derecho a desconfiar? Me parece que es bueno exigir la fiscalización del estado, el cumplimiento de las normas y la defensa del interés común, pero para ello es imprescindible la transparencia de los actos de gobierno y la defensa de las garantías del derecho. ¿no le parece?

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